jueves, 24 de enero de 2008

“El Estado debe pedir perdón por las violaciones a los DDHH"

El doctor Oscar López Goldaracena, uno de los juristas más respetados en materia de Derechos Humanos, considera que el año 2007 fue "histórico" y que el país debe avanzar hacia "una cultura integral de DDHH". La Ley de Caducidad "generó una cultura de impunidad" y por eso "debe ser declarada nula".
Mauricio Pérez

Reclamo. López Goldaracena afirmó que para avanzar en términos de Justicia "es fundamental remover la Ley de Caducidad del ordenamiento jurídico uruguayo".
El jurista reclamó que sea el Estado el que pida perdón a "su pueblo" por las violaciones a los DDHH que cometió durante la dictadura cívico militar, mientras que las Fuerzas Armadas deben "reconocer su responsabilidad". -¿Cuál es su evaluación del año 2007 a nivel judicial, concretamente en el área de los DDHH?Creo que fue un año histórico porque nada más ni nada menos termina con el dictador Gregorio Alvarez preso. A nivel judicial, y concretamente en relación con esta causa, por primera vez se está aplicando el crímen de "desaparición forzada de personas", lo cual es un avance sustancial en la cultura jurídica de nuestra sociedad. Sin embargo, lo que tenemos que tener presente, es que estas causas no terminan con el procesamiento de Alvarez. Terminó un partido y comienzan otros, porque al haberse determinado judicialmente que existen elementos de convicción suficientes para concluir los traslados clandestinos del año 78, el Poder Ejecutivo tendría la obligación de investigar dentro de sus competencias qué fin dieron estas personas trasladadas, dónde están los restos. Lo importante no es solamente determinar responsabilidades penales, sino saber qué paso, quiénes fueron los responsables, dónde están y que entreguen los restos. Eso está pendiente. -¿Cree que el Poder Ejecutivo debe pedir nuevos informes a las FFAA?-Sí. Nosotros entendemos que el Poder Ejecutivo, y concretamente el Presidente de la República, como jefe supremo de las FFAA, tiene el derecho, y diría más, tiene el deber, de dictar formalmente una orden por la cual exija a sus subalternos de las FFAA que se brinde toda la información que se posea. En una hipótesis de que esa orden no se cumpla a satisfacción del Presidente, él puede movilizar los mecanismos de sanción disciplinaria por el incumplimiento y eventualmente podría remitir los antecedentes a la Justicia para que se indague si esa omisión o negativa a brindar información no configura una hipótesis delictiva. -¿Cree que las FFAA deberían pedir perdón por los crímenes de la dictadura?-Yo creo que el Estado, como Estado, debe pedir perdón. El Estado debe asumir su responsabilidad por las violaciones de los DDHH, porque fue el Estado quien violó los DDHH. Independientemente de quien ocupe el gobierno, que es algo circunstancial, el Estado debe pedir perdón a su pueblo, a su sociedad. Y las FFAA, como directamente involucradas en el proceso de la dictadura, debe específicamente reconocer su responsabilidad y pedir perdón. -¿Qué papel juega la Ley de Caducidad en el mantenimiento de la impunidad?-La Ley de Caducidad está anclada en una situación política de la dictadura y generó la cultura de la impunidad, y diría más, generó la cultura del ocultamiento, del silencio, por la forma en que fue aplicada en Uruguay. Pero además porque en sí misma renuncia a juzgar los crímenes de lesa humanidad. Por esta razón entendemos que debe ser removida sin dejar rastro en el ordenamiento jurídico uruguayo, tal cual lo indica el derecho internacional. La sociedad uruguaya está en condiciones de dar un salto cualitativo en materia de DDHH y en un modelo de convivencia futuro. Si Uruguay aspira a un modelo de paz, de tolerancia y de respeto a los DDHH en su concepción integral, un todo interdependiente e indivisible, en ese tránsito hacia esa cultura integral de los DDHH, debemos resolver las secuelas de la dictadura. Resolverlas para construir ese modelo futuro y aquí tenemos asignaturas pendientes. -¿Cuáles son esas asignaturas pendientes?-Una de ellas es avanzar en términos de Justicia, para que, concretadas las responsabilidades penales, se dé un claro mensaje de que "Nunca Más" estos hechos se van a volver a repetir. Aquí es fundamental remover la Ley de Caducidad del ordenamiento jurídico uruguayo y al mismo tiempo avanzar en aquellas causas que escaparon a la ley. -¿El Parlamento debería anular la Ley de Caducidad?-En un Estado de derecho democrático como en el que estamos viviendo, el Poder Legislativo tiene el derecho y el deber de proceder a remover una ley que nació viciada de nulidad. Si el Legislativo no lo hace, se seguirá avanzando en un mecanismo de democracia directa para que se declare su nulidad. Pero, insisto, este es un tema que debe estar por encima de posturas político-partidarias. Debe ser un compromiso de todos los uruguayos por el tipo de cultura que queremos para el futuro y como la Justicia para los crímenes de lesa humanidad es un valor innegociable entendemos que todos los partidos políticos deberían respaldar la declaración de nulidad de la Ley de Caducidad, así como la reparación integral de las víctimas del Terrorismo de Estado. Es un compromiso para que el "Nunca Más Terrorismo de Estado" se concrete en la práctica. -¿La recolección de firmas por la nulidad de la normativa es una forma de presionar al Ejecutivo?-Nosotros lo concebimos como una forma de movilizar a la ciudadanía por valores. Esto se plantea y se lanza por fuera de todo tiempo político electoral. Nace de la sociedad civil, de las organizaciones sociales y de personas independientes, y sin ningún tipo de estructura se logró recolectar en dos meses algo más de 50 mil adhesiones. Firma gente de todas las generaciones y de todas las convicciones políticas porque lo que se plantea no es el tema una opción política de corto plazo, sino un elemento de cimiento de valores para una sociedad futura y sobre todo las nuevas generaciones sienten que tienen absoluta legitimidad para opinar y resolver este tema. Cuando se dijo por parte del gobierno: "Vamos a respetar la Ley de Caducidad y avanzar en el artículo 4 que es investigar", se avanzó muy poquito, pero por lo poco que se avanzó se descubrió que los hechos calificaron y califican como crímenes de lesa humanidad y frente a esto se tiene la obligación de aplicar el derecho. Cuando se sabe que existieron traslados clandestinos y desapariciones forzadas de gran envergadura, el Estado uruguayo tiene la obligación de decir: "Estos fueron crímenes de lesa humanidad, tenemos la obligación de juzgar y si hay obstáculos tenemos que removerlos". Por un tema de dignidad. -Los archivos de la Cancillería fueron muy importantes para el procesamiento de Gregorio Alvarez, ¿qué importancia puede tener la desclasificación de los archivos del Ministerio de Defensa en la profundización de otras causas? -Mucha. En Cancillería, los denunciantes, tuvimos acceso directo a los documentos. O sea, quienes evaluaban la pertinencia o no de un documento eran los propios denunciantes, que conocen la causa y que conocen la hipótesis sobre la cual se está trabajando. No es lo mismo que los archivos o los documentos los lea otra persona. No es lo mismo los ojos del abogado que está patrocinando un caso buscando documentos, que los ojos de otra persona que puede estar buscando, con la mayor buena fe, documentos relacionados a un tema pero quizás pueda pasar por alto elementos que son relevantes para el abogado. Así fue como se obtuvo en Cancillería documentación que a primera vista podría no ser relevante, pero que fue muy importante para la causa. Documentación que por ejemplo no menciona los nombres de los desaparecidos, pero que si hay un télex cifrado que dice: "Si hay uruguayos requeridos sírvase trasladarlos a la República". Es un documento de suma relevancia. Gracias a tener un acceso directo a la documentación de Cancillería fue que se obtuvieron elementos relevantes de esa cartera. No así en relación con el Ministerio de Defensa, en el cual los denunciantes no tuvimos, ni tenemos acceso directo a la documentación. Por eso, creo que tiene que aprobarse rápidamente un Ley de Archivos, donde toda la documentación relacionada con el Terrorismo de Estado esté recopilada fuera de la órbita del PE. Un archivo autónomo donde participen en su gestión los colectivos de víctimas y que sea de libre acceso para la gente. -¿Piensa pedir participar en la desclasificación de los archivos del Ministerio de Defensa?-Nosotros opinamos sobre la necesidad de que se apruebe la Ley de Archivos. Por supuesto que a los denunciantes nos gustaría participar en forma directa en la revisión de los documentos. Estos deben conservarse, deben clasificarse, pero deben además dejarse abiertos al público, no solamente a los abogados, sino a la gente. Sino la sociedad no puede reconstruir su pasado, no puede generar memoria, no puede acceder a la verdad y puede haber insumos muy importantes para la Justicia que aún no los estamos conociendo. Perspectiva 2008¿Cuáles son las causas que cobrarán más vigor en 2008 a partir de la documentación que surge?-En relación con la causa de los traslados clandestinos del 78 se van a seguir aportando nuevos elementos y probablemente nuevos testimonios.Quedan causas judiciales en trámite, que también involucran traslados clandestinos, como la investigación sobre el llamado "Segundo Vuelo" que está siendo indagada en el caso de la desaparición de Adalberto Soba. Sobre ese tema entendemos que en los próximos meses deberían existir pronunciamientos por parte de la Fiscalía y por parte del Juzgado. -¿Puede haber nuevos indagados o procesados?-Específicamente en relación a la causa que patrocino de los traslados del 78, en la que resultaron procesados Alvarez y Larcebeau, estoy convencido de que se va a continuar la indagatoria y que se pueden determinar nuevos procesamientos. -¿Cómo evalúa que militares hayan salido públicamente en defensa de su accionar y criticado a quienes trabajan en las organizaciones de DDHH?-Lo que sucede es que no comprenden que en Uruguay estamos viviendo un Estado de derecho democrático, no es el Estado de dictadura que tuvimos la desgracia de vivir. No comprenden que tarde o temprano el Derecho se va a terminar aplicando. -¿Cree que muchos viven dentro de una "burbuja de impunidad"?-Absolutamente. Estoy convencido de que hay una cultura de impunidad enquistada en función de la Ley de Caducidad, pero en función de lo que ha sido también la actitud de nuestra sociedad y de los gobiernos desde 1985 a 2005 en relación con estos temas. Se apostó durante veinte años a una cultura del silencio, del ocultamiento y la mentira, "aquí no ha pasado nada". Cuando comienza a conocerse la verdad histórica la sociedad tiene el legítimo derecho a tomar una actitud definitiva en relación a estos temas. Estoy convencido de que esa cultura de impunidad se va a terminar desterrando porque la sociedad uruguaya ya dio un mensaje contundente en lo moral, lo está dando en lo jurídico y tiene que consolidar su Estado de Derecho. Debe ser pleno, no puede ser rengo. No podemos seguir viviendo o pensar que estamos viviendo siempre bajo una amenaza "de". Se acabaron los "cucos", no hay más "cucos". El que cometió un delito tiene que ir preso. -¿La sociedad uruguaya lo consolidará en las urnas?-En relación a la nulidad de la Ley de Caducidad, sería sano que se decretara esta nulidad con la unanimidad de todos los partidos políticos y en el Parlamento, que es el ámbito donde deben dirimirse las leyes, pero si así no sucede estoy convencido que la ciudadanía va a respaldar una cultura integral de DDHH porque es la forma de construir futuro. La juventud va a respaldar. No queremos vivir más atados con cadenas a situaciones políticas de la Dictadura. Esto es una forma de construir ciudadanía hacia el futuro porque si se mantiene un ley por la cual se renunció a juzgar crímenes de lesa humanidad, se mantiene la indignidad moral del colectivo social. Si los casos no se juzgan las memorias de las sociedades, que son frágiles, olvidan lo que pasó y con otros actores los hechos pueden volver a repetirse. Tenemos que avanzar hacia esa cultura integral de DDHH y debería estar por encima de lo que son los partidos políticos o por encima de lo que son las diferencias políticas. Esto es algo que nos tiene que unir a todos los uruguayos y es lo que hemos constatado en este último año de campaña por derechos humanos con la gente. Tenemos necesidad de creer que es posible construir una sociedad diferente. "LAS EXCAVACIONES DEBEN CONTINUAR"No estamos de acuerdo con que se hayan suspendido las excavaciones. En primer lugar, porque existen lugares que todavía no pudieron ser abordados y por otro lado, ¿quién define cuando una fuente es confiable o no? Cualquier pista tiene que ser investigada y si hay que excavar, los arqueólogos determinarán los lugares donde hay que hacerlo, explicó López Goldaracena. Quiero destacar el encomiable esfuerzo que ha hecho López Mazz y su equipo. Pero lo que hay que tener en cuenta es que ese trabajo se realiza en función de la información que se dispone y si hasta este momento no tuvo el éxito que se pensaba puede ser por la información que se le brinda. Toda información, todo dato debe ser investigado. Por eso nosotros creemos que las excavaciones tienen que continuar y específicamente debería abordarse el sótano de La Tablada, señaló el jurista."QUE SEA JUZGADO"La detención del ex marino Jorge Tróccoli se produjo en virtud de la requisitoria del juez Luis Charles. Estoy seguro que sin esa requisitoria no se habría producido su detención. El entró a Italia y nadie lo detuvo. Recién se lo detiene cuando el juez Charles emite una orden de captura. En ese momento se constata que habría una requisitoria en una causa en el país europeo, recordó López Goldaracena. Aspiramos a que Tróccoli sea juzgado. Puede ser juzgado en Italia o en Uruguay. Aquí aplica un principio del derecho internacional de los DDHH en la represión y persecución de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra o genocidio, que es el de "juzgar o extraditar". Los Estados tienen potestades en estos casos, y tienen la obligación de tomar medidas cuando un responsable de estos crímenes está en su territorio, dijo el abogado especialista en DDHH. Tróccoli fue detenido en Italia y debería ser juzgado. Si no es juzgado en Italia, debería ser extraditado al Uruguay. ¿Por qué fugó hacia Italia? Deberíamos preguntárselo a él, agregó.AVANCES EN DDHHHubo un avance muy grande en DDHH en Uruguay, y dentro de poco tiene que constituirse en un elemento de identidad cultural nacional, subrayó López Goldaracena. Que el elemento que distinga a la sociedad uruguaya sea un elemento de compromiso y realización de una integralidad de DDHH, como un gran desafío para construir la sociedad del futuro. Como una utopía que es posible de realizar. Uno de los grandes temas que me dejó el 2007, en concreto con el procesamiento de Alvarez, es que a mucha gente podía parecerle mentira que el dictador terminara preso. Ese día la reflexión que uno recibió en la calle fue que a veces lo imposible se puede hacer posible.

No hay comentarios: